Caso Ostreicher: Involucran a ministra anticorrupción Suxo y ésta pide investigación a los cuatro poderes del Estado Boliviano

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, ahora encarcelado, vinculó a la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, con la red de funcionarios y fiscales que extorsionaban al ciudadano judío-estadounidense Jacob Ostreicher. A su vez, este despacho ministerial solicitó a la Fiscalía General investigar a autoridades de los cuatro poderes del Estado. "Quiero que me den 45 minutos para desenmascarar a la señora ministra (Nardi Suxo) en su supuesta lucha contra la corrupción. Ella es parte del grupo de extorsionadores. Sólo pido garantías para eso", dijo el ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS). Explicó que el llamado "caso Catler Uniservice" fue manipulado por Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Aldo Ortiz y César Romano. Santos Ramírez resultó el principal inculpado por este caso para favorecer a determinadas empresas en licitaciones de YPFB mediante el pago de coimas. El caso se destapó luego del asesinato de uno de los involucrados. "Miguel O'Connor (hermano del fallecido) firmó el contrato, recibió dinero en diferentes cuentas y salió libre pese a que las pruebas eran conocidas por Isabelino Gómez, Mollinedo, Romano y Ortiz. En mi caso no hubo juicio ni sentencia correcta", dijo. Agregó que los investigadores del "caso Catler Uniservice" terminaron ocupando cargos de bastante influencia, Isabelino Gómez que fue fiscal de Santa Cruz, Edward Mollinedo era su asistente, César Romero fue abogado de la Procuraduría General y Aldo Ortiz continúa en la fiscalía de La Paz. También precisó que Boris Villegas, ex funcionario de jerarquía del ministerio de Gobierno, prestó servicios en YPFB y el ministerio de Transparencia Instucional que está a cargo de la abogada Nardi Suxo. Varias de las personas acusadas, hoy están involucradas en la red de corrupción y extorsión al Jacob Ostreicher, a quien acusaron de vínculos con el narcotráfico para ser encarcelado y luego vendieron todos sus bienes, según denuncia del Ministerio de Gobierno. Por su parte, el Ministerio Anticorrupción emitión un comunicado en el que indica: "Solicitamos al Fiscal General del Estado iniciar de oficio los procesos contra las autoridades de los cuatro Órganos del Estado, así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos para obtener beneficios personales". El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el lunes que se logró reunir evidencia de que la red de extorsión "estuvo integrada por miembros del Ministerio Público y el órgano judicial", tras la destitución de dos influyentes asesores de su oficina, presuntos cabecillas del clan. A raíz del caso del estadounidense Jacob Ostreicher, detenido por supuesto lavado de dinero, siete personas, entre abogados del gobierno, ex funcionarios y un ex fiscal, están detenidas acusadas de extorsión al empresario, a quien habrían exigido dinero a cambio de su libertad. La Fiscalía de Santa Cruz está recibiendo declaraciones de funcionarios judiciales presuntamente involucrados en esa red. Luego que Ostreicher -detenido sin juicio desde junio de 2011- revelara que intentaron extorsionarlo con 50.000 dólares para obtener su liberación, una ola de denuncias han surgido en los últimos días de particulares y presuntos delincuentes, que afirman haber sufrido similares presiones. La hija de un ex ministro detenido, la esposa de un narcotraficante, un ex goberandor opositor destituido, un delincuente encarcelado, el hijo de un opositor preso, una abogada acusada por tráfico de menores, y hasta un alcalde oficialista revelaron que sufrieron las extorsiones de esta red, con montos que fluctuaban entre 10.000 y 500.000 dólares, a fin de acceder a libertades condicionales o sentencias benignas. El abogado de Ostreicher, Jerjes Justiniano, dijo este martes en Santa Cruz que su cliente aún está en un hospital privado, con la salud quebrantada, y bajo fuerte seguridad policial pues aún pesa sobre él la detención preventiva. Justiniano criticó la solicitud del Ministerio Anticorrupción de investigar a los poderes del Estado pues, señaló, en ese pedido se incluye que se indague también a los denunciantes y víctimas de la extorsión. "Me parece una muy mala señal, muy mala". "¿Nos están intimidando? ¿Nos quieren cerrar la boca?", se preguntó, en diálogo con medios locales en Santa Cruz.