Habilitan celulares robados y cobran entre Bs 35 y 200

Los celulares robados o extraviados son fácilmente habilitados en la comercial calle Eloy Salmón de La Paz y otros departamentos. Se puede cambiar el número único o IMEI por otro -un proceso conocido como “flasheo”- a un precio que varía entre 35 y 200 bolivianos, según el modelo. “Este celular (Samsung modelo GT/C) lo puedo habilitar hasta por 35 bolivianos. No tardaré más de 20 minutos”, dijo uno de los jóvenes que se dedica a reparar celulares en esta vía. Esta práctica vulnera el Decreto Supremo 353, aprobado por el Gobierno en 2009, que dispone el registro obligatorio de los celulares en las tres telefónicas del país -Viva, ENTEL y Tigo- para evitar asaltos y robos. Sin embargo, una vez emitida la norma, las tiendas de celulares, al margen de reparar los teléfonos móviles o sus accesorios, ofrecieron cambios de IMEI. El costo más bajo, en un inicio, era de 100 bolivianos, pero por la oferta y la demanda se redujo. “Podemos cambiar el IMEI de todo tipo de celulares, desde los Samsung Galaxy SIII para abajo. Ya lo hice, me tomó un día pero valió la pena, me pagaron 200 bolivianos”, explicó otro técnico de la calle Eloy Salmón, donde se venden equipos electrónicos. Otro joven, que también tiene una tienda de “servicio técnico” para teléfonos móviles, dijo que los “únicos celulares que no se pueden ‘flashear’ son los iPhone, BlackBerry y los smartphones (teléfonos inteligentes) de última generación”, aunque aclaró que los programas para desbloquear estos teléfonos pueden llegar en los siguientes meses. “Es cuestión de esperar”, dijo. El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, Clifford Paravicini, explicó que estas acciones son ilegales. “En la calle Eloy Salmón de La Paz, en la Cancha de Cochabamba o en el mercado Los Pozos de Santa Cruz, entre otros lugares, hay siempre tienditas con letreros que dicen ‘flasheamos celulares’. Son evidentemente móviles robados que están siendo habilitados para engañar al operador y al Estado. Eso tenemos que evitar”, remarcó. Hizo notar que se buscarán los mecanismos para impedir que continúen estas prácticas. “Éste es un delito”, añadió.