EFE, Buenos Aires
Una jueza argentina dio lugar a una solicitud de una medida cautelar para que no se aplique la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, cuya aprobación desató el rechazo de grandes empresas periodísticas y de la oposición en Argentina, informaron ayer medios de prensa locales.
El fallo, suscrito por la jueza federal Olga Pura de Arrabal, de la ciudad argentina de Mendoza (oeste), es el tercero que adopta la Justicia en contra de la nueva legislación que regula el mercado de televisión y radio en Argentina.
La magistrada dio lugar a una solicitud contra la nueva norma presentada por el diputado Enrique Thomas, integrante de un sector del oficialista Partido Justicialista (PJ, peronista) contrario al Gobierno de Cristina Fernández, informó en su edición digital el diario Los Andes, de Mendoza.
Thomas alegó supuestas irregularidades en el trámite de aprobación de la ley en el Parlamento.
El miércoles pasado, dos jueces ordenaron suspender la aplicación de la nueva ley de medios a pedido una organización de consumidores y del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país.
Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
El Gobierno, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, mientras algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
Licencias de radio y tv
El texto también establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual presidenta, Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
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